Las democracias representativas modernas tienen l铆mites en su capacidad de representaci贸n popular, ni que negarlo. Son l铆mites bien conocidos y severamente cuestionados por algunos te贸ricos sobre democracia y representaci贸n pol铆tica.
Est谩 el caso de H茅l猫ne Landemore, polit贸loga de Yale, quien en su libro 鈥淥pen Democracy: Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century鈥, describe a las instituciones formales de representaci贸n (e.g. congresos, legislaturas, etc.) como lugares 鈥渃errados y vigilados鈥 donde 鈥渟贸lo ciertas personas, con el traje, el acento, la riqueza y las conexiones adecuadas, son bienvenidas鈥. En el 谩mbito latinoamericano tenemos a Camila Vergara, catedr谩tica de leyes en la Universidad de Columbia, para quien las instituciones formales de representaci贸n terminan siempre irremediablemente dominadas por las 茅lites econ贸micas, lo que desvirtuar铆a sus funciones.
A modo de respuesta, estos te贸ricos proponen mecanismos basados en la 鈥渄emocracia directa鈥, una forma de democracia sin intermediarios que permite la participaci贸n ciudadana al margen de los organismos formales de representaci贸n. Esta 鈥渄emocracia directa鈥 ser铆a superior a la representativa al eliminar trabas y requerimientos para aquellos ciudadanos que quieran tomar parte de los asuntos p煤blicos. Desde esta perspectiva, la consulta de revocaci贸n en M茅xico de 2022, oficialmente denominada como Proceso de Revocaci贸n de Mandato del Presidente de la Rep煤blica electo para el periodo constitucional 2018-2024, ser铆a un novedoso ejercicio de democracia participativa y una forma de empoderar a los ciudadanos.
驴O no?
Pues no, de hecho no. Si algo ha quedado claro en este tema es que los te贸ricos mencionados arriba tienen un punto ciego en su an谩lisis: la posibilidad de que sean los gobernantes quienes capitalicen este ejercicio de 鈥渄emocracia directa鈥 en beneficio propio. En efecto, la consulta de revocaci贸n de mandato fue promovida desde un inicio por el propio gobierno federal encabezado por el presidente Andr茅s Manuel L贸pez Obrador (AMLO) aparentemente con dos objetivos. El primero ser铆a movilizar a sus bases electorales de cara a las elecciones de este a帽o y las presidenciales de 2024; y el segundo golpear al Instituto Nacional Electoral (INE) en su presupuesto y prestigio. Se pervierte de esta forma el esp铆ritu de la ley que ampara este ejercicio de 鈥渄emocracia directa鈥. Recordemos que la Ley Federal de Revocaci贸n de Mandato aprobada en agosto de 2021 ten铆a como objetivo darle a la ciudadan铆a una herramienta legal para expresar su inconformidad, y en 煤ltima instancia abrir la posibilidad de separar de forma pac铆fica y legal al presidente de su cargo. Nunca fue su objetivo dotar al presidente de una herramienta para movilizar a sus bases y atacar a las autoridades electorales.
Aqu铆 la lecci贸n es que las buenas intenciones pueden ser torcidas en manos de pol铆ticos astutos. En este caso, cabe preguntarse si el ejercicio que se llevar谩 a cabo el 10 de abril califica realmente como una consulta de revocaci贸n de mandato. Bajo el esp铆ritu de la ley que la ampara, la respuesta es un rotundo no, pues no responde a una demanda ciudadana. La consulta es m谩s bien un ejercicio de movilizaci贸n gobiernista como los que vemos en pa铆ses semi-autoritarios. Se confirma la regla: el camino al infierno est谩 lleno de buenas intenciones.
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